miércoles, 30 de noviembre de 2011

La Academia, bajo sospecha

IDIOMA | Ensayo

La Academia, bajo sospecha

El Salón de Plenos de la Real Academia Española. | Diego Sinova
El Salón de Plenos de la Real Academia Española. | Diego Sinova
  • 'El dardo en la Academia' denuncia la ineficacia y el conservadurismo de la RAE
Hace 20 días, el académico Javier Marías proclamó en una entrevista con la agencia Efe una de esas frases tan 'marianas', un poco divinas y un poco hastiadas: "Supongo que a los escritores de la Academia, los filólogos nos deben de considerar un grupo de ignorantes; a veces me pregunto si no estamos ahí un poco de adorno, lo cual es una sensación que no me agrada mucho".
Su quejío ha sido un presagio de la edición de los dos volúmenes de 'El dardo en la Academia', la reunión de 13 artículos escritos por filólogos que denuncian el funcionamiento de la Real Academia Española. Sus reproches: falta de rigor, conservadurismo e instrumentalización política, alto coste, falta de fiscalización por parte de las administraciones que la financian... Montserrat Alberte, editora de los dos volúmenes junto a Silvia Senz, responde explica en un correo electrónico las razones de su trabajo.

Legitimidad

"Ningún ensayo de 'El dardo en la Academia' pone en cuestión la legitimidad de las tareas de normalización lingüística. Lo que se critica, cada ensayo con un énfasis particular y con más o menos exhaustividad, son diversos aspectos de la tarea normalizadora de la RAE: losfundamentos ideológicos, teóricos y metodológicos de la norma académica y su vigencia (nos referimos, por ejemplo, a sus criterios de corrección, los modelos de normalización que aplica, su doctrina teórica, el conocimiento del lenguaje del que parte, y las creencias que maneja); la calidad (transparencia, consistencia, arbitrariedad, subjetividad, disponibilidad...) de la norma y de los recursos en línea; la adecuación de la norma a las necesidades reales de normalización (que son muy diversas y cuyo desarrollo la RAE está obstaculizando alarmantemente, sobre todo en el caso de la terminología y la neología en castellano); los propósitos de la tarea normalizadora de la RAE (que obedecen a fines económicos y geopolíticos y no a necesidades de los hablantes), y los ardides que emplea para que su tarea no se cuestione, como fomentar en el hablante la creencia en una serie de mitos lingüísticos sin base científica alguna".
"Uno de los mitos que fomenta para garantizar su continuidad (y la de sus miembros) como autoridad idiomática es el de que, sin su labor de normalización, la lengua se fragmentaría. A demostrar la falta de base científica de esta idea se dedican diversos capítulos de la obra, que no sólo desmontan el mito académico, sino que conceptualizan la idea de unidad y disgregación idiomáticas en los términos que corresponden al conocimiento actual sobre qué es una lengua y cómo funciona, y precisan de qué modo se mantiene realmente dicha unidad".

Reproches políticos

"[A la Academia le reprochamos] que, valiéndose de su conexión con el poder y la autoridad que de ella deriva, pretenda convertirse en el único organismo de normalización de la lengua, en prácticamente todos los campos estandarizables, tenga o no atribuciones para ello".
"[La Real Academia] recibe cuantías de financiación pública (del Estado, de ayuntamientos y de las 17 autonomías) que no se corresponden con la calidad y disponibilidad de sus obras y recursos y que tendrían mejor destino si se dedicaran a la muy necesaria investigación sobre la lengua española y sobre las tecnologías lingüísticas. La RAE perjudica gravemente al avance de la lengua española en los términos de desarrollo que le urgen".
"Su labor se traduce en un suculento negocio editorial, aspecto sobre el que ELMUNDO.es ha publicado fabulosos datos"
"Su papel no está al servicio de la unidad real de la lengua, sino de launidad normativa (que es otra cosa y tiene fines sobre todo comerciales), y también del fomento de una falsa idea de comunidad cultural hispánica esencialmente homogénea; dos fines que en realidad logran el efecto contrario al perseguido, porque los hablantes no se reconocen en la representación de la hispanofonía que ofrece la RAE (y estamos asistiendo a evidencias de ello en Argentina) y además hace tiempo que están cobrando consciencia de que lo único que la RAE hace es favorecer una imagen del español y de su comunidad de hablantes favorable a ciertos intereses geopolíticos de España y, sobre todo, a los intereses crematísticos de las corporaciones que cofinancian (y publican) a la RAE por medio de la Fundación pro RAE y la Fundación Carolina, muchas de las cuales llevan lustros establecidas en América Latina, explotando sin contrapartidas el mercado idiomático, cuando la lengua es de todos".

¿Una alternativa a esta RAE?

"En la obra no dibujamos expresamente un perfil alternativo, sino que dejamos abiertas diversas posibilidades. Por ejemplo, un sistema de normalización liberal, sin organismos oficiales pero con autoridades idiomáticas por mérito propio, que es el que siempre se ha aplicado para la lengua inglesa, con excelentes resultados; particularmente, es el que preferimos las editoras".
"[Otra opción sería] un organismo de política lingüística moderno, con diversas ramificaciones según las diversas necesidades de normalización, pero en ningún caso único ni centralizado; formado por lingüistas y filólogos, con conocimientos actualizados y cuya metodología de trabajo se correspondiera con la de la lingüística del siglo XXI. Todos los autores consideramos que cada país donde el español es lengua de uso habitual u oficial ha de poder establecer sus propios organismos normalizadores autónomos y sus propias líneas de política lingüística. Incluso nos parece perfectamente lícito que en el seno de un mismo país se desarrollen distintos estándares idiomáticos y explicamos por qué eso no impide la unidad de una lengua. Si después hay o no voluntad de coordinación entre organismos y de continuidad entre estándares, ya depende del clima de entendimiento, sin engaños ni chantajes, que se propicie".

sábado, 26 de noviembre de 2011

HEMEROTECA

El «Pelayo», el acorazado español que aterrorizó a los Estados Unidos

Cuando la guerra de 1898 parecía perdida, el Gobierno tomó una decisión audaz, golpear al gigante norteamericano en su propio terreno. El fallido «contragolpe español» desató el pánico en la costa este

Día 23/11/2011 - 09.28h
España estaba contra las cuerdas. A punto de perder sus últimas posesiones ultramarinas, a las puertas del «Desastre». Corría el mes de mayo de 1898. Las fuerzas del decadente imperio español combatían con suerte esquiva con las del rampante imperio yanqui. La marina estadounidense se enseñoreaba de las aguas de Cuba y en Cavite, Filipinas, las fuerzas del comodoro George Dewey desarbolaban las defensas hispanas. En tan adversas circunstancias, en el Ministerio de Marina español se ideó un arriesgado plan para tratar de revertir el curso de la guerra: golpear al enemigo en su propio territorio, enviar una flota a bombardear la mismísima costa este de los Estados Unidos.
En Norteamérica la contienda se entendía como camino de expansión, de ampliación del patrimonio. En España los círculos políticos e intelectuales creían que se luchaba por la misma supervivencia de la nación. Cuba y Filipinas no eran propiedades de España, eran parte sustancial de la misma. Lo había expresado el presidente del Gobierno,Antonio Cánovas del Castillo, en el Congreso cuando anunció que, en Cuba, España se dejaría «hasta el último hombre, hasta la última peseta». Aún sabiendo que la mermada España de finales del XIX se enfrentaba a un enemigo superior, Cánovas había dicho en 1896: «Si, desgraciadamente, un día el pueblo español creyere que la empresa (…) era superior a su conveniencia (…) yo habría dejado de ser hombre político para siempre jamás (…) acabando aquel día, probablemente, también mi vida personal». Cuba era para los españoles de entonces una cuestión de honor. Así que, imbuidos políticos y opinión pública en Madrid de una especie de espíritu quijotesco, se decidió intentar lo que la historiografía bautizó como «el contragolpe español». Mejor morir que perder la honra.
La única esperanza pasaba por dar un puñetazo en la mesa. Bloqueadas las fuerzas navales en Cuba y debeladas las deFilipinas, el Gobierno decidió jugarse el todo por el todo en una última baza y enviar una escuadra a atacar las mismas ciudades costeras de los Estados Unidos. Sería la del almirante Manuel de la Cámara y Livemoore la encargada de ejecutar tan peligroso cometido.

Pánico en la costa este

La misión era de lo más comprometida. Las mejores unidades disponibles de la Armada española tendrían que atravesar las aguas del Atlántico y adentrarse en los dominios del gigante para buscarle las cosquillas en sus propias barbas. Se pretendía obligar a Washington a un repliegue de sus fuerzas y así aliviar la presión sobre Cuba y Filipinas. La idea no era ni mucho menos descabellada. Desde que conoció los propósitos del Estado Mayor español, el Gobierno norteamericano ordenó que se dejaran de iluminar las ciudades de la costa este para dificultar el temido raid hispano. El miedo se apoderó de muchos estadounidenses.
Rumbo a los Estados Unidos zarpó una escuadra en la que formaron destructores de la «Clase Furor», veloces y bien artillados: los buques «Audaz»«Osado» y «Proserpina», que prestarían escolta a los cruceros auxiliares «Patriota» y «Meteoro» y el crucero «Carlos V». Pero la estrella de la flota era el poderoso acorazado «Pelayo», principal motivo para la preocupación de los mandos militares enemigos. El «Pelayo» y el «Carlos V» superaban por sí solos en potencia de fuego y tonelaje a toda la escuadra con la que Dewey combatía en Filipinas.
Las fuerzas de Cámara se dividieron en dos fracciones, una de las cuales debería navegar rumbo a Halifax, en Canadá, donde recibiría las instrucciones para lanzarse al ataque de las costas estadounidenses, con el objetivo preferente de la base naval de West Key. La segunda tendría como destino aguas brasileñas, desde las que se dedicaría a hostigar el tráfico mercante enemigo.

Trabas británicas

Pero por más que el Gobierno español quisiera en último trance recurrir a lo que le quedaba de músculo naval, lo que nunca pudo superar fue su aislamiento internacional, lo que a la postre dejó el «contragolpe español» en simple amago. Las presiones y trabas de Gran Bretaña, que no deseaba que la contienda se extendiera al Atlántico entorpeciendo la navegación comercial y puso cuantas trabas pudo en los puertos bajo su control o influencia, dieron al traste con el proyecto. Así, antes de que las armas españolas pudieran siquiera asomarse a territorio enemigo, el Gobierno recibió las noticias de la alarmante situación en Filipinas y ordenó redirigir la flota hacia el archipiélago asiático, con la esperanza de forzar unas negociaciones que permitieran conservar al menos una parte del mismo. Pero tampoco en esto se tuvo éxito. El Gobierno egipcio, títere de Londres, no permitió a los buques españoles aprovisionarse de carbón en sus puertos, demostrando de nuevo la total orfandad internacional de la causa hispana en la guerra.
Quedó así truncado cualquier servicio que pudiera prestar el «Pelayo», un navío imponente al que los mandos estadounidenses tenían enorme respeto. El historiador Pablo de Azcárate cuenta en su libro «La guerra del 98» la «gran preocupación» que causaba a Dewey la eventual llegada al escenario filipino de «un buque como el “Pelayo”, superior a todos los que él tenía bajo su mando». La soledad diplomática española impidió que pudiera llegar a tiempo al teatro de operaciones.
La que era la última esperanza española se diluyó antes siquiera de que las armas que la sustentaban pudieran trabar combate, dando sentido a la queja del diputado Francisco Romero Robledo referida a la escuadra del almirante Cervera bloqueada en el puerto de Santiago de Cuba: «Las escuadras son para combatir (…) ¿Para qué nos sirven esas máquinas infernales que tantos sacrificios han costado al país?». No hubo contragolpe para España. Lo único que la historia le tenía deparado a España era el desastre.

miércoles, 23 de noviembre de 2011

'Isabel II fue un personaje letal para España y para sí misma'

CULTURA | Isabel Burdiel
'Isabel II fue un personaje letal para España y para sí misma'
·         La elegida es catedrática de Historia Contemporánea en Valencia
·         El trabajo premiado es su biografía de Isabel II
EL MUNDO -Luis Alemany | Madrid
Actualizado martes 22/11/2011 13:50 horas
·         Aumenta el tamaño del texto
"He sentidomomentos de desánimo por no entender la época, al personaje y al círculo que lo rodeaba. He pasado momentos de depresión y de melancolía cuando me topaba con la mezquindad de la política de la época, lo que me hacía pensar en la mezquindad política de nuestra época. Pero tembién he tenido momentos de euforia". Y al final, una alegría: Isabel Burdiel, catedrática de Historia Contemporánea en la Universidad de Valencia, ha ganado hoy el Premio Nacional de Historia por su libro 'Isabel II. Una biografía (1830-1904)'.
Que más que una biografía es un estudio de las relaciones políticas durante el reinado isabelino: "Es el periodo que marca el tránsito de la monarquía absoluta a la monarquía constitucional", explica Burdiel. "Y lo que mi libro analiza es la tensión política entre partidos y corona. Cómo los partidos tratan primero de instrumentalizar a la corona y a la reina, que era una niña, y cómo, después, intentan librarse de ella".
El fuertes del estudio de Burdiel son sus fuentes, hasta ahora inéditas: "por un lado, el archivo personal de la regente, la madre de la reina, en los que se trata todo lo que se puede tratar: la política, el sexo, los casamientos... Y, por otro lado, la documentación diplomática de británicos y franceses".
A partir de ahí, la catedrática construye "un fresco sobre la política de la época" y, en paralelo, el retrato de "cómo se fabricó un personaje letal para España y para sí misma". "Hacia Isabel he sentido una empatía fría", dice la biógrafa. ¿Y el resultado? "Fue un personaje muy distorsionado y muy maltratado que terminó por convertirse, ella misma, en una manipuladora. Pasa muchas veces".
Este premio, convocado por el Ministerio de Cultura y dotado con 20.000 euros, sirve para reconocer el mejor libro de historia publicado en España en 2010 en castellano o en cualquiera de las otras tres lengua cooficiales.
El jurado ha estado presidido por Rogelio Blanco, director general del Libro, y han formado también parte de él José Luis Díez García, Antonio Bonet Correa, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, María Valentina Gómez Mampaso, María Ángeles Barrio Alonso, Fernando González Urbaneja, Josefina Gómez Mendoza, Carme Molinero Ruiz y los dos últimos autores galardonados, José Antonio Escudero López (2009) y Pablo Fernández Albaladejo (2010).

viernes, 11 de noviembre de 2011

Dopo il concilio Paolo VI scrisse al generale Franco per rivedere i rapporti tra la Santa Sede e la Spagna

Dopo il concilio Paolo VI scrisse al generale Franco per rivedere i rapporti tra la Santa Sede e la Spagna 
A Dio quello che è di Dio
di VICENTE CÁRCEL ORTÍ
Monsignor Giovanni Battista Montini aveva seguito dalla Segreteria di Stato i negoziati ufficiali per il concordato del 1953 con la Spagna; un concordato insostenibile dopo il Vaticano II. Perciò due anni e mezzo dopo la chiusura del concilio, per iniziativa di Paolo VI, furono avviate le pratiche per una revisione profonda del testo concordatario. 
Il primo gesto lo compì il Papa stesso quando, il 28 aprile 1968, chiese per iscritto al generale Franco di rinunciare al privilegio di presentare i vescovi prima della possibile revisione del Concordato, lasciando alla Santa Sede libertà per tali nomine, senza osservare i vincoli fino ad allora esistenti. Il Vaticano, per il momento, voleva solo ottenere la rinuncia al privilegio di presentazione; il governo invece pretendeva negoziati globali per un nuovo Concordato.
Nella sua lettera Paolo VI ricordava l'appello del concilio ai governi affinché rinunciassero ai loro privilegi in materia di nomina dei vescovi. I privilegi che la Spagna legittimamente possedeva le erano stati concessi per i suoi grandi meriti religiosi, ma non rispondevano più né allo spirito né alle esigenze dei tempi. Il Papa, convinto d'interpretare i veri interessi della Spagna, non meno di quelli della Chiesa cattolica, proponeva al Capo di Stato e al governo spagnolo di rinunciare a tali privilegi prima della possibile revisione del Concordato, e assicurava che la Santa Sede, nel nominare i vescovi, non avrebbe avuto altro fine se non quello di una sempre più grande prosperità religiosa e spirituale della nazione. In ogni caso, il Papa s'impegnava a notificare previamente e in modo riservato al Capo di Stato o al governo il nome della persona designata per l'incarico di vescovo residenziale, al fine di sapere se avevano da fare nei suoi riguardi precise obiezioni di carattere politico generale. Concludeva testimoniando al Capo di Stato la dovuta stima per la grande opera che aveva portato a termine a favore della prosperità materiale e morale della nazione spagnola.
Questa lettera fu consegnata personalmente a Franco dal nunzio Luigi Dadaglio sabato 4 maggio alle 11 di mattina nella residenza del Pardo. Franco non si aspettava la sua visita e ne ignorava il motivo. "Quello che mi viene chiesto è sommamente grave - disse -. Come Capo di Stato, in coscienza, ho il dovere di garantire la pace spirituale e il benessere del Paese". Franco disse al nunzio che il Vaticano non conosceva la Spagna, non capiva la Spagna e che "maltrattava la Spagna". Poi aggiunse: "Gli avversari del governo sono ben accolti e sono in contatto con il Vaticano, mentre a Madrid cercano di influenzare i nunzi non appena giungono nel Paese".
Franco si chiese perché la Spagna doveva essere la prima nazione a rinunciare al privilegio secolare della nomina dei vescovi. La conversazione intercorsa fra lui e il nunzio fu difficile e polemica; durò mezz'ora e il generale si mantenne sempre sulla difensiva, affermando che se lo Stato aveva ricevuto questo privilegio dalla Chiesa, molto di più aveva dato lui alla Chiesa; deplorò le trasmissioni di Radio Vaticana con atteggiamento ostile nei confronti della Spagna e il fatto che molti sacerdoti fossero fautori di disordini. Il 12 giugno 1968 Franco rispose a Paolo VI dicendogli che la sua lettera aveva meritato da parte sua la più filiale accoglienza e accurata riflessione; e che il fatto di aver ribadito l'appello del Vaticano II aveva trovato un'eco immediata nel suo animo di fedele figlio della Chiesa, senza fargli però dimenticare gli imperativi di ordine legale e politico che riguardavano il suo dovere e la sua responsabilità di governante. Ricordava che l'antico diritto di presentazione era stato modificato nella sua essenza nel 1941, divenendo un vero sistema di negoziazione, incorporato poi al concordato del 1953, in un quadro giuridico che stabiliva diritti e doveri reciproci; e che tale sistema si era mostrato compatibile con la libertà della Chiesa. D'altro canto, essendo tale procedimento parte fondamentale di un patto solenne fra la Santa Sede e lo Stato spagnolo, qualsiasi sua modifica necessitava, oltre all'approvazione del governo, l'intervento delle Cortes. Quanto all'opinione pubblica, Franco affermava che non avrebbe approvato una rinuncia unilaterale se, nello stesso tempo, non fossero stati risolti altri punti che, seguendo gli orientamenti della Gaudium et spes, potevano costituire un impedimento per la testimonianza cristiana che la sensibilità del mondo in quel tempo esigeva. Comunicava che era disposto a giungere a una revisione di tutti i privilegi di entrambe le parti nello spirito della costituzione conciliare e in sintonia con la dichiarazione dell'episcopato spagnolo a tale riguardo.
 
Il generale concludeva ringraziando per le parole dedicate da Sua Santità all'opera realizzata dai suoi governi dal giorno in cui lui dovette ricorrere alle armi, come risorsa ultima per arrestare la dissoluzione stessa della società civile e per "difendere e restaurare i diritti e l'onore di Dio e della Religione", secondo le parole di Pio XI.
 
Seguirono sei anni di silenzio totale su questo tema e di difficoltà sempre più grandi da parte del governo nella nomina dei vescovi. Alcune diocesi importanti restarono vacanti per molti anni. Ad esempio quella di Valencia restò vacante per quasi tre anni, dal novembre 1966 (con la rinuncia di Marcelino Olaechea) a settembre 1969 (con l'arrivo del servo di Dio José María García Lahiguera).
 
Il 29 dicembre 1972 Franco scrisse nuovamente a Paolo VI una lunga lettera confidandogli alcune gravi preoccupazioni che riguardavano la situazione spirituale del popolo spagnolo e le relazioni fra la Chiesa e lo Stato, e gli chiese che dalla gerarchia della Chiesa ci si opponesse con mezzi efficaci ad alcuni ecclesiastici e a certe organizzazioni, che si definivano apostoliche, ma che in realtà facevano della Chiesa uno strumento di azione politica.
 
Il Capo di Stato denunciava anche "certe indubbie ingerenze della Conferenza episcopale, perché è una realtà che alcuni dei suoi membri sentono oggi l'irreprimibile tentazione di dedicare la propria attività a materie che non competono loro e delle quali generalmente hanno una conoscenza solo superficiale, senza che, a mio parere, ne derivi un beneficio per le anime, anzi al contrario, ciò va a detrimento dell'auspicata concordia nelle relazioni della gerarchia con il governo. All'opposto, l'atteggiamento dello Stato spagnolo rispetto alla Chiesa non può essere più corretto né più chiaro; ma lo Stato non può difendere la Chiesa dalle sue divisioni interne, oggi tanto marcate. Mi rendo conto, Santissimo Padre, che i problemi come quelli che riferisco, e dei quali Sua Santità forse non è pienamente a conoscenza, possono affliggere dolorosamente il Suo cuore. Anch'io devo spesso contenere la mia amarezza di fronte alle dimostrazioni d'ingratitudine da parte di ecclesiastici di diverse categorie, malgrado i servizi prestati alla Chiesa dai Governi spagnoli". Questa lettera fu consegnata personalmente al Papa dal ministro degli affari esteri, Gregorio López Bravo, il 12 gennaio 1973, insieme ad altri numerosi documenti. La risposta del Pontefice però arrivò solo sei mesi dopo, il 31 luglio 1973.
 
In tale risposta Paolo VI disse che nel 1972, in occasione della visita ad limina, aveva ricevuto molti vescovi spagnoli e aveva esaminato i resoconti sullo stato delle loro rispettive diocesi, ascoltandoli e ponendo loro domande. "Abbiamo potuto constatare - disse - lo sforzo generoso che l'Episcopato spagnolo sta compiendo nel rinnovamento, per dare una risposta adeguata ai problemi pastorali posti dai profondi cambiamenti della società, secondo le caratteristiche del Paese".
 
Paolo VI desiderava che, in sintonia con i principi del concilio, la Chiesa potesse cooperare con lo Stato al bene comune del popolo spagnolo e assicurò che la Santa Sede non avrebbe interferito, da parte sua, nella sovranità e nell'autonomia dello Stato. Ma la preoccupazione più urgente in quel momento per il Papa era quella delle diocesi ancora vacanti. Questa situazione però si risolse definitivamente solo nel luglio del 1976, quando il re Juan Carlos I rinunciò definitivamente al privilegio di intervenire nelle nomine dei vescovi.


(©L'Osservatore Romano 9 novembre 2011)

miércoles, 2 de noviembre de 2011