Rajoy saluda al Presidente Zapatero en el Congreso (Foto: Alberto Di Lolli).
Los vicios de la democracia española
JORGE DE ESTEBAN (Vide curriculum vitae in fine)
Lunes, 10 de agosto de 2009.- Treinta años después de la implantación de la democracia en España, son ya claramente visibles los vicios, que, en este tiempo, han enturbiado su funcionamiento. Por supuesto, no voy a hacer una lista exhaustiva de los mismos, sino sólo analizar sucesivamente los más importantes.
Ahora bien, lo grave no es que existan, algo que a veces es difícil de evitar, lo verdaderamente grave es que no se hace nada por corregirlos. La democracia no es una fórmula que se dé de una vez y para siempre. Por el contrario, es necesario luchar por ella todos los días, circunstancia que no sucede aquí, en donde no se reforman las cosas, salvo que sea para empeorarlas.
El primer vicio en que se ha vuelto a caer radica en la exaltación del lema amigo-enemigo, que fue considerado, de forma abusiva, por Carl Schmitt, como la esencia misma de la política. Es cierto que en la contienda política, hay siempre elementos cainitas, que buscan aniquilar al adversario, pero en la lucha civilizada, que es propia de la democracia, debe existir un fair-play que se base en el respeto al adversario, que consiga neutralizar esa perversión, y que deje una zona de acuerdo básico.
En España después de más de un siglo de guerras civiles y de una dictadura de casi 40 años, consecuencia de la última, parecía que habíamos aprendido la lección.
A la muerte del dictador se impuso el sentido común y logramos un periodo en que no había ni vencedores ni vencidos, en que se enterró el hacha de guerra, en que hubo diálogo entre todos los partidos, y en que se pudo establecer una Constitución de consenso que, a pesar de sus defectos, ponía las bases para una convivencia pacífica y civilizada entre todos los españoles.
De esa renta hemos vivido algunos años, pero comienza a ser preocupante el clima de “enemiguismo” que se ha instalado últimamente en la política. Desde las elecciones de marzo de 2004, con el agravante de los sucesos del 11 de marzo, hemos asistido a un clima de enfrentamiento que no augura nada bueno, sobre todo entre los dos grandes partidos nacionales.
A causa del mismo no ha sido posible un entendimiento mínimo para ponerse de acuerdo en temas fundamentales, como son la necesaria reforma de la Constitución o el nombramiento de Magistrados del Tribunal Constitucional, por citar los dos más notorios. Pero hay muchos más.
El clima de este encarnizado combate no ha respetado, por tanto, un terreno que debía estar al margen de las luchas partidarias y es el del consenso básico que afecta a la propia Constitución y a los principales órganos del Estado. ¿Cómo es posible que uno u otro partido veten personalidades para ocupar cargos en los órganos del Estado, únicamente por razones ideológicas?
Es cierto que hace ya mucho tiempo que se ha desterrado de nuestra política, el nombramiento por méritos, lo cual es una verdadera desgracia, habiéndose sustituido por la pleitesía declarada a un jefe (pidiéndose incluso el Premio Nobel para él) o la adhesión "inquebrantable" a un partido o ideología.
Pero como esto lo hacen casi todos los partidos y, especialmente, los dos más importantes, no se concibe que ahora, por razones de venganza, por poner un ejemplo actual, se esté impidiendo, por parte del PP, que sea senadora la actual Secretaria de Organización del PSOE, simplemente por represalias de un partido hacia el otro.
Se puede estar de acuerdo o no, sobre las capacidades de Leire Pajín para la política, pero si los dirigentes del PSOE la han nombrado para un cargo de tal importancia, es una cuestión de ellos y allá ellos. Ahora bien, como ya los nombramientos, como digo, se hacen únicamente por lealtades o fidelidades en todos los partidos, no es admisible que el PP de Valencia se oponga con falsos argumentos, alegando su falta de "valencianidad".
Los ejemplos, a uno y otro lado del río, se podrían multiplicar, pues surgen todos los días. El de hoy, sin ir mas allá, es la grave denuncia que ha hecho la Secretaria General del PP, respecto al espionaje telefónico que está sufriendo su partido por parte de organismos del Gobierno.
Es más, esta continua imputación de unos sobre otros y viceversa, llegó a su paroxismo recientemente en la campaña de las elecciones europeas, en las que en lugar en hablarse de Europa, el PSOE sólo habló del PP y el PP sólo del PSOE y en ambos casos para ver quién sacaba más trapos sucios del contrario.
Un clima de forofismo, al estilo futbolístico, ha invadido también la política española y la actuación de los órganos del Estado en general o, también, en particular, del Poder Judicial en todos los niveles, pues una mayoría de jueces son previsibles en sus juicios, porque no actúan de acuerdo con el Derecho, sino según sea su adhesión política.
Baste citar lo que está ocurriendo con el Tribunal Constitucional, cuyos Magistrados se han olvidado de la Constitución para juzgar según filiaciones de origen. La ruptura del consenso básico que impuso la Transición, la vuelta a la dialéctica del amigo y enemigo, es el primer vicio de la actual democracia española.
Y lo grave, como ocurre con otros que seguiré analizando aquí, es que no existe todavía ninguna voluntad de regeneración, incluso en tiempos de crisis, salvo la excepción que confirma la regla y que es el pacto de gobierno entre PSOE y PP en el País Vasco, algo que si dura podría curar el cáncer de esa Comunidad española.
Continuaremos.
Los reyes de España, el día de la firma de la Constitución (Foto: Congreso de los Diputados).
El segundo gran vicio de la democracia española consiste en que la Constitución que la crea es casi imposible de reformar, lo cual es grave por dos razones obvias: por un lado, porque las constituciones, como los edificios, necesitan ser renovadas y puestas al día para poder mantenerse, pues sólo duran las que se reforman. Y, por otro, porque como decían los revolucionarios franceses en la Constitución de 1793, "un pueblo siempre tiene derecho de revisar, reformar y cambiar su Constitución. No puede una generación sujetar a sus leyes a las generaciones futuras".
En suma, para evitar tal dependencia generacional, es por lo que la reforma de las constituciones, además de su conveniencia para acompasar el texto técnicamente a cada momento histórico, significa también la renovación del pacto político que representa siempre la Norma Fundamental, puesto que en cada modificación los ciudadanos jóvenes pueden participar bien directamente, a través del referéndum, bien indirectamente, a través de sus representantes, para renovar así el compromiso de mantener un marco fundamental para la convivencia.
Pues bien, los constituyentes de 1978, en su mayor equivocación, incluyeron en la Constitución dos formas complejas de reforma de la misma: por un lado, la ordinaria, que afecta al Preámbulo, a 135 artículos y a las Disposiciones adicionales y transitorias, y, por otro, la extraordinaria, que corresponde a 34 artículos que tratan de las bases del Estado en el Título preliminar, de los derechos fundamentales "básicos" y de la Monarquía.
El procedimiento ordinario es políticamente difícil, aunque jurídicamente posible (tres quintos de cada Cámara), mientras que el extraordinario es políticamente imposible y jurídicamente inviable (dos tercios de cada Cámara, disolución de las Cortes, dos tercios de cada Cámara de las nuevas Cortes y referendum nacional). Dicho de otro modo, no se podrán reformar jamás 34 artículos, lo que convierte en pétrea la Constitución, aunque el resto, si existe el acuerdo de los dos grandes partidos, sería relativamente posible. Así las cosas, tras los 31 años de vigencia de nuestra Constitución, no ha habido más que una sola reforma de la misma, que fue obligada, y realizada de forma chapucera.
Fue obligada, porque el Tratado de Maastricht exigía que los Estados firmantes reconociesen los derechos de sufragio activo y de sufragio pasivo de los comunitarios residentes en cada país en las elecciones municipales. Y fue una reforma chapucera, por dos razones: primero, porque en lugar de haberse aprovechado para hacer una mención de la integración europea en el Título preliminar, y reconocer después, en el sitio adecuado, el derecho a participar en las elecciones municipales de los comunitarios, se incluyeron estos dos derechos en un artículo que se refiere a los extranjeros en general.
Y, segundo, porque ni siquiera se hizo bien gramaticalmente hablando, al convertir dos derechos independientes (el de sufragio activo y el de sufragio pasivo) en uno solo (se dice “el derecho de sufragio activo y pasivo”), algo que puede tener evidentes consecuencias políticas y jurídicas.
En cualquier caso, se hizo mal esta reforma, pero se modificó al menos la Constitución por el procedimiento establecido en la misma. Sin embargo, ha habido otras reformas encubiertas de la Constitución, a causa de su extrema rigidez. Por ejemplo, la actual bandera de España no es la que señala la Constitución en su artículo 4, porque no se menciona para nada que en ella se incluya un escudo en la franja amarilla, situado en su lado izquierdo.
Esto es, otro de los errores de los constituyentes es que no pensaron seriamente en los símbolos del Estado, por lo que paradójicamente la Constitución se publicó con el escudo franquista. Cuando los constituyentes se dieron cuenta de su "metedura de pata", ya no era posible modificar el artículo 4 de la Constitución, teniendo que aprobarse dos leyes ordinarias de 5 y de 22 de octubre de 1981 intentando corregir el error, a fin de que se incluyese un nuevo escudo en la bandera.
Otro ejemplo lacerante más de una reforma encubierta de la Constitución, es el que ofrece, en espera de la sentencia del Tribunal Constitucional, el Estatut catalán, en el que se dicen cosas que la contradicen abiertamente. Uno de los padres putativos del mismo, ha confesado que al no poderse modificar la Constitución por el procedimiento establecido en ella, se recurrió espureamente así a la vía estatutaria.
Ahora bien, la rigidez de los procedimientos de modificación de la Constitución es también la causa de que no se haya podido abordar la reforma de algunas cuestiones que están mal reguladas en su articulado, como los temas del Jurado o la elección del Fiscal General del Estado, que ahora lo elige el Gobierno, con todo lo que ello comporta, en lugar de ser elegido por las Cortes.
Por supuesto, esta última cuestión tiene una gran carga política y ningún Gobierno querría deshacerse de la posibilidad de tener a sus órdenes al Ministerio Público, pero mientras no se lleve a cabo esa reforma, la Justicia en España no será neutral. Sin embargo, hay otras muchas cuestiones que son simplemente técnicas y que habría que reformar, como varios artículos del Título VIII que ya han caducado y se hallan vacíos de contenido. Por tanto, mientras que la Constitución sea irreformable, nuestra democracia será una democracia viciada e imperfecta.
De ahí que cada vez sea más necesario convertir a nuestra Constitución petrificada, en una Constitución modificable, y para ello hay una solución: un pacto entre los dos grandes partidos para suprimir, por el procedimiento ordinario del artículo 167, el 168, que regula un procedimiento inservible para la reforma constitucional.
Agustín Navarro, nuevo alcalde de Benidorm (FOTO: ERNESTO CAPARRÓS)El transfuguismo, tercera enfermedad crónica de la democracia española que analizo aquí, se podría curar si se quisiera adoptar el remedio adecuado. Sin embargo, da la impresión de que los partidos no desean en absoluto solucionar este problema y sólo tratan de aparentar que lo quieren resolver mediante pactos antitránsfugas, que son vulnerados al cuarto de hora de ser firmados.
Como se sabe, es tránsfuga el político que ha obtenido un cargo representativo por haber sido elegido en la lista de un partido y, posteriormente, abandona éste voluntariamente para pasar, o no, a otro distinto, sin dejar dicho cargo. Semejante circunstancia tiene lugar sobre todo en los países que han adoptado un sistema proporcional para elegir a los representantes, con listas cerradas y bloqueadas, como ocurre en España en el Congreso de los Diputados (aunque no en el Senado, que posee un sistema de listas abiertas y desbloqueadas ), en los Parlamentos autonómicos y, especialmente, en los Ayuntamientos.
Para bien o para mal, estos tránsfugas han sido elegidos en la lista de un partido, que es al que han votado los electores y el que ha pagado la campaña electoral que les ha beneficiado para ser escogidos. Por consiguiente, si un diputado o concejal abandona un partido para irse a otro, lo lógico, lo normal, sería que abandonase su cargo, porque no le pertenece a él, sino al partido en cuya lista iba. Por razones que a continuación expongo, esto no es así en España, donde un diputado o concejal, cuando decide irse del partido por el que salió elegido, se lleva su escaño en la maleta, como si fuera de su propiedad.
Las consecuencias de este fenómeno, típicamente español, son nefastas para el funcionamiento de nuestra democracia. En primer lugar, porque falsea la representación política, ya que los elegidos en una lista han sido votados por los electores para que lleven a cabo un programa determinado y no otro distinto.
En segundo término, porque debilitan el sistema de partidos, puesto que los tránsfugas constituyen un elemento de inestabilidad en los partidos, fomentando intereses económicos sobre todo por encima de las ideas.
Tercero, porque perjudica la gobernabilidad, ya que siempre se corre el riesgo de que una mayoría gobernante quede en minoría por la marcha de algunos de sus miembros, facilitando así las mociones de censura fraudulentas.
En cuarto lugar, como nos dicen 30 años de experiencia, porque favorece la corrupción, pues allí donde hay un tránsfuga hay recompensas inmediatas de uno u otro tipo.
Y, por último, porque este baile de diputados y concejales en búsqueda de un botín es deprimente para los electores y enormemente perjudicial para la cultura democrática. Todas estos argumentos son más que suficientes para que se hubiese atajado este cáncer de manera inmediata, puesto que si contasemos los casos de transfuguismo que ha habido en los últimos años, nos quedaríamos pasmados ante la gravedad y amplitud del fenómeno.
Las causas de la aparición de esta aberración política son fundamentalmente dos. Una, la absurda inclusión, en el artículo 67.2 de la Constitución, de una claúsula que proviene de la epoca de la Revolución francesa, pero que hoy no tiene razón alguna: "Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo", y la también absurda interpretación que hizo de este artículo el Tribunal Constitucional, en su sentencia 10/83, en la que viene a señalar que un diputado o concejal, despues de ser elegido es el "dueño" de su escaño. Sin embargo, lo curioso de la cuestión, es, por una parte, que una sentencia anterior del mismo Tribunal (STC 5/83) decía más bien lo contrario: que el representante que abandone el partido por el que ha sido elegido debe dejar su escaño.
Y, por otra, que el Ponente que redactó la funesta sentencia 10/83, muchos años después publicó un artículo en la prensa, afirmando que las consecuencias de esa sentencia habían sido perniciosas.
Se ha querido salir de este circulo infernal, que favorece el transfuguismo constante en nuestro país, a través de los pactos antitránsfugas de 7 de julio de l998, renovado el 26 de septiembre de 2000, y rehecho el 23 de mayo de 2006, que todavía está en vigor, pero que naturalmente no se cumple.
Lo que nos recuerda la frase de Cánovas, que decía que España se caracterizaba por el rigor excesivo de sus normas, flexibilizadas por su incumplimiento. ¿Quieren comprobarlo? Pues miren a Benidorm, famoso antes por su festival de la canción, y a partir de ahora, también por su "festival" político, que merece sin duda un análisis aparte, y con el que el Pacto antitransfuguismo ha saltado en mil pedazos.
RICARDO COSTA (Foto: Vicent Bosch).
JORGE DE ESTEBANUn cuarto vicio de nuestra democracia es el cada vez mayor descrédito de los partidos políticos, los cuales, casi sin excepción, podrían denominarse mejor 'castas políticas', debido a su endogamia y a los privilegios que disfrutan con respecto a los ciudadanos de a pie.
Y, sin embargo, los partidos son un mal necesario para que pueda funcionar una democracia. Por decirlo gráficamente, se asemejan a unas escaleras que las personas que viven en los pisos altos de un edificio sin ascensor deben subir y bajar continuamente. Por supuesto, las escaleras son extenuantes pero no queda más remedio que utilizarlas para llegar a casa.
Los partidos son también extenuantes, pero sin ellos un régimen democrático, a pesar de sus abusos, dejaría de serlo, para convertirse en un régimen autoritario o arbitrario.
La cuestión, por tanto, es saber cómo deben comportarse para que puedan cumplir con esa función de ser los intermediarios entre los ciudadanos y el Poder político, ejerciendo unas veces el Gobierno y otras la oposición. La receta más sencilla para conseguirlo la ofrece el artículo 6 de la Constitución, cuando afirma que "su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos".
Ahora bien, a pesar que el mismo artículo señala que su actividad es libre "dentro del respeto a la Constitución y a la ley", cabe afirmar que ningún partido cumplen escrupulosamente tal mandato, sino que unos lo respetan más y otros menos. El hecho es que los partidos españoles, especialmente los dos más importantes, arrastran al menos cinco taras importantes que habría que erradicar.
La primera es que son partidos autoritarios, en los que se detecta una personalización excesiva del poder por parte del lider y del aparato burocrático. A pesar de lo que señalen los respectivos estatutos, no existe debate interno en su seno. Además, los puestos y cargos se otorgan en razón de la lealtad 'inquebrantable' al lider, y no en razón de los méritos respectivos. Si hace años se hablaba de corrientes dentro de cada partido, en la actualidad no existe más que un caudal único, que es el que permiten los que mandan.
En segundo lugar, los partidos no son generadores de ideas que favorezcan la innovación y el progreso de la sociedad, sino que están estructurados para fomentar el clientelismo, basándose en prejuicios y estereotipos que no resiten la confrontación con la inteligencia o la razón. Es más, han logrado 'partidizar' no sólo las instituciones del Estado, sino la sociedad entera. De este modo, hay jueces del PP o del PSOE, pero también médicos, fontaneros o capadores de pollos que actúan de forma partidista, según una polarización que es un freno para la existencia de una verdadera democracia.
En tercer lugar, los partidos paradójicamente se hallan cada vez más alejados, a pesar del clientelismo, de sus electores. El famoso 'cordon sanitario', mencionado por el actor argentino Federico Luppi con ánimo de marginar a la derecha española, donde realmente existe es entre los partidos y sus electores, lo que impide que un elector pueda plantear problemas a quienes les representan, como ocurre en otros países. No es raro, por consiguiente, el desprestigio cada vez mayor que han alcanzado los políticos en general.
En cuarto lugar, los partidos funcionan sobre todo como instrumentos para alcanzar el poder, pero no con ánimo de mejorar la sociedad y el funcionamiento de las instituciones políticas, sino que sirven sobre todo como vehículos para que sus militantes alcancen posiciones de privilegios que les diferencien del común de los mortales.
En efecto, como de lo que se trata es de ganar elecciones a cualquier precio, se necesita, en consecuencia, obtener dinero de la forma que sea para su financiación. Además del que, por supuesto, reciben legalmente de sus adherentes o de los Presupuestos Generales del Estado. Esta dinámica lleva a la corrupción, como demuestran los escándalos destapados recientemente, en los que han estado involucrados no sólo los dos grandes partidos nacionales, sino también otros de ámbito regional. Baste señalar que en los últimos cinco años más de un centenar de miembros del PP o del PSOE han sido imputados por temas de corrupción. En la actualidad se pueden ver dos casos más: la trama del 'caso Gürtel' o el bochornoso asunto del 'transfuguismo grupal' del ayuntamiento de Benidorm.
Por último, también es preocupante para el buen funcionamiento de la democracia lo que está sucediendo en los dos grandes partidos nacionales en relación a su 'territorialización', a semejanza de los nefastos partidos nacionalistas, quedando desvirtuadas como formaciones con cohesión suficiente para superar los meros planteamientos locales.
Se pueden describir estos y otros muchos defectos de los partidos, pero creo que lo que se deduce de lo expuesto es que los partidos, siguiendo el símil de las escaleras, pueden y deben mejorarse, porque son necesarios. Para ello bastaría con no edificar edificios de más de dos o tres plantas, con la intención de que subir tantos peldaños no canse. De lo contrario, algunos pedirán un 'ascensor' y entonces las esclaeras, como los partidos, ya no serían estrictamente necesarios.
Jorge de EstebanCatedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense y Presidente del Consejo Editorial de EL MUNDO. Ha sido embajador de España en Italia y Presidente de UNEDISA-EL MUNDO. Autor de más de cuarenta libros de Derecho Constitucional, Ciencia Política y Diplomacia.
